27 sept 2013

El Banco de España contradice a la Sra. Ministra de Empleo.

El Banco de España contradice a Báñez y cree que la reforma laboral no frena la destrucción de empleo

En su Boletín Económico asegura que el ritmo es igual que antes de la entrada en vigor del decreto. Valora como aspecto positivo la moderación salarial y advierte de que la mayoría de la contratación es a tiempo parcial

PÚBLICO Madrid 26/09/2013 12:01 Actualizado: 26/09/2013 12:45

"La reforma laboral ha evitado la destrucción de 255.000 empleos". Así de optimista y confiada se mostraba el pasado mes de agosto Fátima Báñez al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa. Esta mañana no han sido los sindicatos ni los grupos de la oposición los que le han llevado la contraria a la ministra de Empleo. Ha sido el Banco de España, que en su Boletín Económico afirma sin dudar que la medida no ha frenado la destrucción de empleo.
"La intensidad de la destrucción de empleo ha seguido comportándose de manera semejante a como venía haciéndolo antes de 2012", indica el documento, que también refleja que "la tasa de destrucción de empleo ha permanecido en niveles elevados en los últimos trimestres" y si bien "no se ha producido una aceleración adicional", esto no parece justificar que el Gobierno celebre como un éxito la tasa del paro registrado en agosto, que descendió en 31 personas.
La EPA también había reflejado un descenso, pero más allá de las cábalas del Gobierno, el Banco de España explica bien claro a qué se debe: "En el segundo trimestre de este año, la ralentización del descenso del empleo, unida a la aceleración del retroceso de la población activa, permitió una reducción de la tasa de paro que se situó en el 26,3 %".
Es decir, que el hecho de que haya menos población activa, ayuda a que haya menos paro, aunque no implique que se esté destruyendo menos empleo, como trata de vender el Ejecutivo.

(Seguirá ampliación)


(Seguirá ampliación) 

25 sept 2013

Los caprichos inútiles del PP.

El rescate de las autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a los contribuyentes

Una empresa pública asumirá las deudas de las concesionarias, cuyos principales acreedores son las constructoras y la gran banca.

VICENTE CLAVERO Madrid 25/09/2013 07:42 Actualizado: 25/09/2013 07:42
El gran fiasco de las autopistas de peaje puestas en funcionamiento durante la segunda legislatura de José María Aznarpuede acabar costando a los contribuyentes españoles cerca de seis mil millones de euros o, lo que es lo mismo, un billón de las antiguas pesetas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no se gastará dinero público en el rescate de las concesionarias que están al borde de la quiebra; pero fuentes del sector consideran que se trata de un propósito sustentado en el más puro voluntarismo.
A día de hoy, esas empresas tienen créditos pendientes de pago por un importe superior a los 3.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros 500 millones adeudados directamente a las constructoras y el sobrecoste de las expropiaciones sobre las que aún no se han pronunciado los tribunales. Además, José Luis Rodríguez Zapatero les proporcionó ayudas valoradas en 480 millones, que sólo sirvieron para prolongar la agonía de un proyecto deficientemente planificado y que lleva años abocado a la quiebra, según las fuentes consultadas.

El empeño de la M-50

El desarrollo de las autopistas de peaje ahora en tela de juicio fue concebido por Rafael Arias Salgado, aunque el impulso definitivo se lo daría su sucesor en la cartera de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que llegó al cargo en 2000, después de haber sido vicepresidente del Gobierno. Sus obras estrella fueron las radiales de Madrid, presentadas a bombo y platillo como ejemplo de la colaboración público-privada en materia de infraestructuras, y uno de cuyos objetivos era, en realidad, construir la M-50 a coste cero para el Estado.
Constructoras y bancos costearon la M-50 de Aguirre a cambio de la concesión de las autopistas radiales
Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, estaba empeñada en que se hiciera ese nuevo anillo de circunvalación, a pesar de las dificultades orográficas del trazado, que exigían una inversión desproporcionada incluso para aquella época de bonanza económica. La solución se la dio hecha Álvarez Cascos, en quien encontró un perfecto aliado: serían las propias concesionarias de las radiales las que sufragarían la M-50, como contraprestación por el derecho a explotar esas autovías, y así se matarían dos pajaros de un tiro.
Fueron animados a participar en el proceso los grandes contratistas del Estado, que en buena parte accedieron sin demasiado entusiasmo, recelosos de los optimistas cálculos realizados por el Gobierno sobre las posibilidades de recuperar la inversión. El mayor protagonismo lo asumieron las constructoras (ACSFerrovialAccionaSacyr), que disponían de recursos en abundancia gracias a los réditos del boom inmobiliario, y la mayoría de las entidades financieras (Santander,Bankiala CaixaSabadell).

Sobrecostes por todos lados

No pasaron muchos años hasta que el castillo de naipes de aquellas autopistas de peaje se vino a bajo, incapaz de resisir el temporal de la crisis, que podría haberse capeado algo mejor si la planificación hubiera sido más rigurosa, según opinión generalizada entre los expertos. Las obras costaron 400 millones de euros más de lo previsto; las expropiaciones van ya por los 2.300 millones, en vez de los 400 que se habían estimado, y el volumen de tráfico está un 30% por debajo de lo que decían las proyecciones oficiales.
El tráfico en las autopistas está un 30% por debajo de las previsiones oficiales
Como consecuencia de ello, a las concesionarias empezó a llegarles el agua al cuello  y reclamaron que se desplegara la red de seguridad prevista en el ordenamiento legal para este tipo de casos. En concreto, el otorgamiento de créditos participativos, que no confieren al Estado derechos políticos en las empresas, y la activación de las cuentas de compensación, que obligan a indemnizar a los titulares de una concesión cuando se quedan por debajo del 80% las previsiones sobre las que ésta se asienta.
Sin embargo, la suerte de las radiales de Madrid estaba echada, junto con la de otras cinco de la red de carreteras del Estado, también de peaje: las que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas y con Toledo, Ocaña con La Roda, Cartagena con Vera y la circunvalación de Alicante. O sea,nueve de las veintidós autopistas de pago que son explotadas en régimen de concesión a lo largo de toda España.

Socialización de pérdidas

Las autopistas en quiebra se traspasarán a una sociedad pública, parecida al banco malo
Para garantizar su continuidad, Fomento está negociando una solución con las constructoras, representadas ante el Ministerio por la patronal Seopán, aunque todo parece indicar que la fórmula elegida será el traspaso de los activos y pasivos a una rediviva Empresa Nacional de Autopistas. En lo que ambas partes se encuentran muy distantes es en la valoración de las infraestructuras y, por lo tanto, en el porcentaje del accionariado de la nueva sociedad que finalmente se adjudicará cada una de ellas.
Fomento no quiere ceder más del 20% del capital, alegando que el patromonio neto de las concesionarias ronda los 120 millones de euros, mientras que Seopán reclama un 49%, porque, en su opinión, las autopistas valen 2.600 millones, que estarían dispuestas a rebajar a la mitad mediante una fuerte quita.
Otro punto de discordia es cuándo cobrarían las constructoras los 500 millones de euros que se les deben, no en tanto que concesionarias, sino por las obras realizadas. Fomento pretende que empiecen a recuperar el dinero dentro de treinta años, cuando se hayan terminado de devolver los 4.900 millones que necesita pedir a la banca para cubrir los agujeros, más sus correspondientes intereses. Seopán, por su parte, no está dispuesta a otorgar más de seis años de carencia y se agarra como a un clavo ardiendo a que el Estado es el garante patrimonial de la inversión y no puede dejar de pagarla.

24 sept 2013

Empleo pone a los parados en "libertad vigilada".

El SEPE tendrá que autorizar salidas de España por un tiempo de más de 15 días y suspenderá las prestaciones si se declara una estancia en el extranjero por un periodo de hasta 90 días o hasta 12 meses si es para buscar trabajo.


JORGE OTERO Madrid 24/09/2013 09:55 Actualizado: 24/09/2013 16:04


El pasado sábado 3 de agosto, mientras muchos ciudadanos empezaban sus vacaciones, el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un Real Decreto —el décimo primero en lo que va de año— que entre otras "medidas urgentes" daba rango de ley y especificaba las condiciones que debe cumplir un parado para recibir la prestación por desempleo en caso de salir fuera de España(PDF).

en la estación de Atocha ya ni "mear" va ser público y gratuito.

La empresa pública cede a una privada la gestión de los baños de la estación. Los precios aún están por determinar, pero se anuncian "ventajas comerciales" por usar los lavabos.


Los aseos de la estación ferroviaria de Madrid-Puerta de Atocha pasarán a ser de pago, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ente público del Ministerio de Fomento encargado de la gestión de la estación.

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